Ricardo Martínez, general (r): “La gente está dispuesta a que se restrinjan ciertas libertades para tener una mayor tranquilidad”

La Segunda martes 19 marzo 2024 – Por Paulina Modiano

El general (r) Ricardo Martínez es un hombre directo que expresa sus opiniones con vehemencia y sin tapujos, aunque a veces causen escozor y sorpresa. Prueba de ello es el libro que publicó el año pasado —tras haber ejercido la comandancia en jefe del Ejército entre 2018 y 2022— en el que critica duramente la dictadura de Augusto Pinochet.

El texto, titulado un «Un Ejército de todos» (JC Saéz Editor), recorre la historia de la institución en los últimos 50 años, con sus luces y sombras, particularmente aquellas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen castrense. La reflexión de Martínez es que aquellos crímenes de lesa humanidad en los que participaron miembros del Ejército causaron “una profunda herida al deber ser militar”.

“Estoy consciente de que haberlo dicho siendo comandante en jefe a mucha gente no le gustó, pero me parece que par- te de ello tiene que ver con el ambiente enrarecido que hemos vivido a partir del estallido social, que profundizó muchas divisiones que se han traducido, entre otras cosas, en comenzar a ver al contrincante político como un enemigo”, explica.

FF.AA: “Es evidente que hay un rezago”

—¿De dónde surgió esa mirada y por qué decidió explicitarla en su libro?

—Yo tenía la convicción de que como Ejército no habíamos hecho una reflexión profunda de todo lo ocurrido en ese período y sus implicancias en el cumplimiento de las órdenes y la responsabilidad del mando. Era algo que yo venía pensando desde mucho antes de estar al frente de la institución. Y cuando asumí como comandante en jefe, sentí que uno de mis desafíos era que el cuerpo de generales se alineara con esa propuesta, cosa que se logró después de varias jornadas de discusión. Así que estoy satisfecho con haber hecho algo en lo que creía firmemente porque, al final del día, el Ejército debe ser percibido por la población, sin diferencias políticas, sociales, étnicas o económicas, como una institución que pertenece a todos los chilenos.

—Más allá de las opiniones a favor o en contra, ¿usted siente que su pensamiento ha sido acogido por el Ejército y provocado un cambio real dentro de la institución?

—Yo creo que con todos los cambios que se han hecho en la formación de los estudiantes, con toda la capacitación en materia de derechos humanos, el personal está mejor preparado para enfrentar situaciones de estrés, independientemente de que puede haber errores. Pero todo el mundo está hoy muy en sintonía con que las órdenes deben ser legales y que el superior que las dicta debe hacerse responsable de sus consecuencias. El planteamiento es que deben existir bordes que no se pueden transgredir.

—¿Y esa es una transformación que se ha restringido sólo al Ejército o ha trascendido también a las otras ramas de las FF.AA.?

—No lo sé, porque no conozco en de- talle los programas de formación de la Armada o la Fuerza Aérea. Pero hay algo que sí me preocupa: evidencio es una falta de convicción y de decisión política para llevar adelante procesos de modernización que requiere la defensa nacional.

—¿A qué se refiere específicamente?

—A que se ha antepuesto el interés de algunas instituciones de las FF.AA. por sobre la conveniencia nacional. Pocos de los que se dicen analistas políticos o de defensa se refieren a la necesidad de hacer avances sustantivos en el nivel en que se encuentran actualmente las instituciones armadas. Y para mí es evidente que hay un gran rezago y una falta de coordinación que favorezca una política de defensa más sólida. Estados Unidos, hace más de 30 años, efectuó una reforma al mismo sistema que tenemos actualmente nosotros, donde las instituciones armadas funcionaban completamente por separado. Lo que se hizo fue una modificación legal, que inicialmente generó bastante resistencia, pero que al final se impuso y permitió crear lo que hoy es el Estado Mayor Conjunto, que está por encima de los jefes de los distintos organismos de defensa y los coordina entre todos.

—Pero en Chile existe el Estado Mayor Conjunto.

—Sí, pero funciona de otra manera, porque el jefe del Estado Mayor Conjunto tiene un grado inferior al de los comandantes en jefe, lo que lo convierte en el principal asesor del ministro o ministra de Defensa, pero para cosas cotidianas. Entonces cuando el ministro o el propio Presidente de la República necesita tratar temas realmente importantes, tiene que citar a los comandantes en jefe. Y en la práctica eso se traduce muchas veces en que cada institución va buscando los recursos que cree necesitar. Pero la pregunta correcta es otra: ¿qué es lo que necesita actualmente Chile y cuánto puede financiar?

—¿Y es posible avanzar en esa modificación?

—No es fácil, porque requeriría un cambio constitucional, ya que en la carta fundamental vigente sólo están establecidas como instituciones de la defensa las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

“Estos niveles de violencia no pueden seguir siendo tolerados”

Otro tema que inquieta a Ricardo Martínez es la seguridad interna del país, por la escalada que ha tenido la delincuencia en los últimos años y la penetración del crimen organizado que está afectando seriamente la vida cotidiana de parte importante de la población.

“La percepción de inseguridad que tiene la mayoría de los ciudadanos es muy alta y obviamente de ahí deriva la situación que ha asumido el Gobierno y los políticos en general. No cabe duda de que el tema de la seguridad se tomó la agenda completa y me atrevo a decir que la gente incluso está dispuesta a que se restrinjan ciertas libertades para tener una mayor tranquilidad”, comenta.

—¿Considera usted que se han tomado las medidas pertinentes para disminuir la sensación de inseguridad? Porque se ha aumentado fuertemente el presupuesto de las policías para que estén mejor dotadas y también se han aprobado varias leyes sobre la materia, pero para la gente eso no parece ser suficiente.

—Desconozco en detalle las medidas que el Gobierno ha adoptado. Lo importante, a mi juicio, es que exista una convicción unánime de que estos niveles de violencia no pueden seguir siendo tolera- dos. Se requiere un compromiso de los tres poderes del Estado, el Gobierno, el Parlamento y especialmente el Poder Judicial, porque este un problema país y hay que impulsar que tengamos un acuerdo nacional sobre esta materia.

—Eso no parece muy fácil de lograr porque, al menos en el Congreso, la discusión de los proyectos de ley sobre seguridad no avanza rápidamente y hay muchas discrepancias entre el oficialismo y la oposición.

—Creo que los políticos se están dando cuenta de que la necesidad de seguridad de las personas es hoy, por lejos, la gran prioridad. Y espero que la población, cuando tenga que emitir su voto, se acuerde de quienes estaban a favor de impulsar convicción y de medidas para dar mayor seguridad y de aquellos que no estaban dispuestos a hacer nada.

—Si estuviera en sus manos, ¿qué disposiciones adoptaría para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado?

—Pienso que es indispensable que se avance en tener un mejor nivel de inteligencia nacional, que es la base para producir el cambio. Si uno quiere realmente desarticular organizaciones criminales poderosas, no hay otro camino que tener un sistema de inteligencia robusto. Es importante que se hayan entregado mayores recursos a las policías para su desempeño diario. Pero eso no es suficiente para abordar el problema de fondo.

—¿Cómo funciona a su juicio un sistema de inteligencia eficaz?

—El tema de inteligencia tiene muchas vertientes. Hay países que lo han subdividido en dos: uno para enfrentar las amenazas externas y otro para los peligros internos, porque un solo servicio no puede abarcarlo todo. Pero sí tiene que existir un momento donde la información se pueda

compartir. Y en eso Chile puede avanzar rápidamente tomando contacto con países que sean un referente en esta materia, donde hay democracias sólidas y las instituciones funcionan. Hay varias naciones amigas de occidente, como España, Francia, Alemania, Estados Unidos e incluso Italia, que ya han recorrido ese camino y desarrollado buenas prácticas que pueden ser adoptadas en Chile, adecuándolas a nuestras circunstancias. Si no se aborda de manera eficiente esta necesidad, el país va a seguir tropezando con la misma problemática en los años siguientes.

—Sin duda la inteligencia es un aspecto clave para enfrentar al crimen organizado, pero toma un tiempo lograr que se vean sus resultados. Y la gente parece querer soluciones más inmediatas. Por ello, distintos actores políticos, particularmente los alcaldes, han planteado la necesidad de incorporar a las FF.AA. a tareas de orden público. ¿Comparte esa idea?

—Las FF.AA. deben ser movilizadas ante una situación extrema de inseguridad y creo que no se ha llegado a ese punto todavía. Por eso es conveniente aprobar ahora, y no seguir discutiendo indefinidamente, los proyectos de ley sobre infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza (RUF), para que en el evento de que se las llame puedan actuar eficiente- mente. Si no existen reglas de parte del Estado que establezcan con total claridad cuáles son las atribuciones con que cuentan las policías y eventualmente los militares para enfrentar la violencia de los grupos delictuales, los efectivos sencillamente no van a actuar. No hay nadie que busque la impunidad. Lo que un policía o un militar quiere saber es que siguiendo los procedimientos para los que está facultado, no va a sufrir consecuencias que afecten su carrera o se traduzca en problemas legales para él.

—Independientemente de la claridad en las reglas del uso de la fuerza, los altos mandos de las FF.AA. han dicho que su formación no está orientada al resguardo del orden público, aunque hay quienes sostienen que sí tienen experiencia, tras haber participado por más de una década en la misión de paz de la ONU en Haití, donde sí ejercían labores policiales.

—Esa afirmación es genérica y no responde a lo que realmente ocurrió en Haití. Porque cuando llegaron las fuerzas de paz, el país vivía un enfrentamiento entre distintas bandas criminales que imponían sus propias reglas, sin oposición del Esta- do, porque era un Estado fallido. Además, las fuerzas de paz operaban bajo reglas clarísimas establecidas por la ONU y contaban con todo el respaldo del gobierno haitiano. Entonces no son situaciones comparables, porque Chile está muy lejos de ser un Estado fallido.

—En este momento nos encontramos con el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, acusado de filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla sobre diversas causas que investigaba su institución. ¿Cuánto daño ocasionan acciones de este tipo en organismo que están precisamente abocados a combatir la delincuencia y otorgar seguridad a la población?

—Yo lamento la situación personal que está viviendo Sergio Muñoz, a quien me tocó conocer en el desempeño de mi cargo como comandante en jefe. Evidentemente las acusaciones en su contra son muy graves y obviamente producen un ruido muy alto en la sociedad, porque es- tamos hablando de quien dirigió una de las policías que está precisamente encargada de darle seguridad a la gente. Pero hay que distinguir entre las instituciones y las personas. No se puede pensar que si el número uno cometió algún ilícito sus subalternos también lo están haciendo. Hay que cerrar esa compuerta, respetar el debido proceso y dejar que la justicia esclarezca la verdad.